(Escrito originalmente el 1 de junio de 2009) El mes pasado se realizó un operativo en el estado de Michoacán en el cual 30 funcionarios públicos fueron detenidos por autoridades federales por probables vínculos con el narcotráfico. De entre los funcionarios detenidos se encontraban varios presidentes municipales, una asesora del gobernador, oficiales y varios más.

Una acción de este tipo se puede abordar desde diferentes perspectivas. Sin embargo, parece predominar la opinión de que un operativo de la magnitud del que se llevó a cabo, y en el cual, se afectó principalmente a los representantes populares de los partidos de oposición (PRD y PRI), podría tener fines electorales, sobre todo, si se toma en cuenta que el principal lema de campaña del PAN está basado en el combate al narcotráfico. Un segundo elemento que alimenta este argumento es el hecho de que se prolongó el periodo de arraigo de los detenidos con el propósito de integrar de mejor manera las averiguaciones previas. Acción que se presta a suspicacias ya que se presupone que el llevar a cabo una medida de este tipo requeriría de todos los elementos necesarios para poderla ejecutar. Además, si el gobierno federal no puede sustentar las aprensiones realizadas, el hecho será capitalizado políticamente por la oposición.

Abordando otra perspectiva, la semana pasada,  habitantes de los municipios de Tepalcatepec y Zitácuaro realizaron manifestaciones de apoyo a los presidentes municipales de esas zonas, incluso llegando a manifestarse frente a las instalaciones de la SIEDO, en la Ciudad de México. Denise Maerker  señaló en su artículo de hoy en El Universal que “la explicación inmediata, la más cómoda también, es pensar que se trata de gente de alguna manera obligada y financiada por el crimen organizado. Es además una explicación plausible, no sería la primera vez. Osiel Cárdenas organizó varias manifestaciones delante de la cárcel de máxima seguridad de Almoloya…..(en este caso)  Se trata, es cierto, de manifestaciones organizadas por la estructura de los gobiernos municipales; en Tepalcatepec, por ejemplo, las aportaciones para el viaje a México se entregaron en las oficinas del DIF; lo sorprendente es que la gente participara con dinero y estuviera dispuesta a hacer el viaje”. Sin embargo, vale la pena recordar que en Nuevo León, el año pasado, ocurrieron varias manifestaciones en contra de los operativos federales en donde los manifestantes no sabían por qué se manifestaban, argumentando que ellos estaban ahí por que un individuo les pagaba.

En el sentido anterior, y haciendo un símil con el caso italiano, Roberto Saviano, en su libro Gomorra (editorial Random House Mondadori) en donde habla sobre las organizaciones  de las principales familias dedicadas al narcotráfico en ese país establece que parte del arreglo entre la Camorra y los empleados de la misma es que al momento de ser detenidos por las autoridades italianas o mundiales, la organización se compromete a pagar la asistencia legal del indiciado y a aportar una mensualidad económica a la familia del detenido.

En el caso mexicano las manifestaciones podrían ser un elemento sintomático de los arreglos entre la clase política y los cárteles. Sin duda los únicos que nos pudieran demostrar que esto sucede así serían los involucrados, la prensa o las autoridades.

 Si el operativo resulta exitoso y este se repite en diversas entidades, habrá que ver cómo reaccionan los cárteles. Pero lo que es evidente es que existen muchas líneas de investigación.